El Gobierno nicaragüense despojó de su estatus legal a 26 congregaciones católicas, en su mayoría comunidades de religiosas que desempeñaban un papel fundamental en el apoyo a los más vulnerables. Los ministerios de las hermanas proporcionaban alimentos, atención a personas mayores y otros servicios esenciales a los pobres. La medida amenaza la estabilidad de estos servicios y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la vida religiosa en Nicaragua.
